Historia

Historia de Colombia

Colombia le debe su nombre al revolucionario Francisco de Miranda, quien inventó el nombre en 1806 en homenaje al descubridor del Nuevo Mundo. Gonzalo Jiménez de Quesada la llamó por primera vez Nueva Granada, en recuerdo de su ciudad natal. Lo exploró en 1536-1539 y fundó su capital, Santa Fé de Bogotá, en un altiplano andino regado por el río Magdalena, a una altitud de 2600 metros. El explorador también alimentó el mito de Eldorado (o El Dorado)…

Prehistoria

La llegada de las primeras poblaciones a territorio colombiano se tiene registrada aproximadamente desde el año 20,000 a. C., dando inicio a la historia de Colombia. Las rutas de la población fueron variadas, como lo atestiguan las diferentes familias lingüísticas y el diverso desarrollo cultural (Paleo indio, arcaico, formativo). Dada su ubicación geográfica, el territorio actual de Colombia constituyó un corredor de poblaciones entre Mesoamérica, el Mar Caribe, los Andes y la Amazonía. El territorio estaba ocupado por pueblos en diversos estados del formativo, como los arawak, caribes y chibchas, estos últimos con dos grupos los taironas y los muiscas que se destacan en el formativo superior gracias a su alto nivel de civilización.

De los Chibchas a Bolívar

Los cronistas de la conquista española en Colombia solo mencionan a las tribus chibcha, que ocuparon la sabana alta donde se fundó Santa Fe de Bogotá. Pero también se han y  desenterrado restos de otras civilizaciones precolombinas, en particular en la región de San Agustín (departamento del Huila). La civilización de San Agustín está atestiguada por estatuas y templos, que recuerdan a los templos druídicos.

El Museo del Oro de Bogotá, ubicado en los sótanos del Banco de la República, ha reunido asombrosos adornos de metales preciosos, estilizados por los indígenas del período aún poco conocido anterior a la Conquista.

Estatuillas Chibchas

Estatuillas Chibchas

Jiménez de Quesada, que salió de Santa Marta, en la costa caribeña, en 1536, fue el primer representante de la autoridad real española en Nueva Granada. Esta autoridad fue sucedida durante algún tiempo por un tribunal conocido como la audiencia real, luego una “presidencia” que distribuyó la tierra entre los comerciantes, los nobles, los militares y el clero, y sentó las bases de una sociedad colonial que no cambiaría con la creación del virreinato en 1719. Pero el desarrollo económico de la colonia suscitó antagonismos entre criollos y españoles que anunciaron la llamada revuelta de los comuneros: este se convirtió en el signo el precursor de las guerras de independencia.

El 16 de marzo de 1781, un pequeño ejército de terratenientes y citadinos, mal equipados, partió de Socorro (ubicado en el norte del país) hacia Bogotá, para presentar sus demandas. El compromiso, firmado por el arzobispo bajo el nombre de Capitulación de Zipaquirá, y admitiendo “el ejercicio del poder por los nacionales americanos”, no fue  reconocido por el virrey, y los jefes comuneros fueron fusilados.

Simon Bolivar

Simón Bolívar

En julio de 1810, gracias al acceso al trono español de José Bonaparte tras la invasión francesa, se formó una junta de gobierno en Bogotá, bajo la presidencia del jurisconsulto Camilo Torres, autor del Memorial de Agravios, una severa condena a la colonización española en América. El 20 de julio de 1810 se formó una junta suprema y su primera decisión fue proclamar la exclusión de los españoles del gobierno de Nueva Granada. Antonio Nariño, precursor de la independencia, preso desde 1794, participa de este movimiento y será designado por Simón Bolívar vicepresidente de la Gran Colombia 13 años después, en 1823.

En 1813, Nariño proclama la ruptura total con España. La reacción del gobierno de Madrid es brutal. Quince mil hombres y sesenta y siete barcos asedian Cartagena, que resiste tres meses. La represión es severa: cientos de personas, incluido Camilo Torres, son ejecutadas. Pero seis años después, el año 1819 fue decisivo: Simón Bolívar, que entonces presidía un gobierno revolucionario en Venezuela, cruzó la Cordillera Oriental, trastornó las avanzadas españolas en Tunja el 5 de agosto y derrotó al ejército del general Barreiro en el puente de Boyacá. Simón Bolívar, el “Libertador”, secundado por Santander, hizo su entrada triunfal en Bogotá el 10 de agosto de 1819. El 17 de septiembre del mismo año, el Congreso de Angostura, en Venezuela, proclamó bajo el nombre de República de Colombia a la unión de los territorios de la capitanía general de Venezuela y Nueva Granada. Bolívar es elegido presidente y líder supremo del ejército.

Esta unión, a la que se asociará Ecuador en 1822, no se puede mantener. Bolívar, sospechoso de fines dictatoriales por sus lugartenientes y sus aliados, fracasa en sus grandiosos planes para crear los Estados Unidos de América del Sur. Después de su muerte en 1830, la dislocación de la Gran Colombia resultó en el renacimiento de una república dentro de los límites de la Nueva Granada colonial. El general Santander es nombrado presidente en 1832. De ahí hasta el final del siglo, la Constitución y las instituciones colombianas serán modificadas en función de las presiones, pacíficas o belicosas, de los dos grandes partidos, liberal y conservador, que ocupan alternamente el poder. La Constitución Federal de 1863 es sustituida por la Constitución de 1886, de carácter unitario.

La secesión de Panamá

La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por una sucesión de guerras civiles, más o menos generalizadas. Fue al día siguiente de uno de estos enfrentamientos fratricidas que el “asunto Panamá” golpeó a la joven república colombiana.

Los movimientos sediciosos estallaron en julio de 1899 en el departamento de Santander, y luego en Cundimarca. El malestar se extendió por todo el país, y el golpe de Estado de julio de 1900, que permitió a los conservadores recuperar el poder, no calmó las pasiones. La guerra civil, que presagiaba la de 1948 a 1953, mató a casi 100,000 personas. Con una frágil paz apenas restaurada, un movimiento sedicioso estalló en Panamá el 3 de noviembre de 1903. El gobierno colombiano envió inmediatamente fuerzas armadas al istmo, pero el gobierno de los Estados Unidos, presidido por Theodore Roosevelt, se apresura a reconocer a la nueva República de Panamá, advirtiendo que no tolerará la intervención de Colombia. Colombia se inclina y cede, pero las relaciones entre los dos Estados seguirán perturbadas por este episodio hasta abril de 1914. Mediante un tratado firmado en 1922, Estados Unidos se compromete a pagar una indemnización de 25 millones de dólares a Colombia y promete beneficios especiales a sus nacionales.

De 1903 a 1948, la vida interior del país fue relativamente tranquila, aunque la crisis económica de los años treinta tuvo, como en el resto de América Latina, consecuencias catastróficas. Afortunadamente, un conflicto con el Perú fue superado en 1934. De 1934 a 1942, la presidencia estuvo a cargo de Eduardo Santos, editor del periódico, miembro del Partido Liberal. Alfonso López, liberal, elegido por segunda vez, le sucedió en 1942 y dimitió en julio de 1945; Alberto Lleras Camargo completa el mandato. Posteriormente, un conservador, Mariano Ospina Pérez, asume la presidencia en 1946.

El bogotazo y la Violencia

El 9 de abril de 1948, mientras se reunía la Conferencia Panamericana en la capital colombiana, fue asesinado el líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Los resultados de una investigación de Scotland Yard sobre el asesinato nunca se han publicado, pero los colombianos acusan a los comunistas (las relaciones diplomáticas con la URSS se romperán hasta 1968) y a los líderes del Partido Acción Democrática Venezolana. El asesinato de Gaitán, que fue muy popular, desató un motín sangriento que las Fuerzas Armadas tardaron tres días en sofocar. El centro de la capital es saqueado y la insurgencia, dirigida principalmente contra los conservadores sin ser controlada por los liberales, se extiende por todo el país. Hay varios miles de víctimas y la represión es severa en todo el país. El término bogotazo ha seguido siendo sinónimo de explosión popular descontrolada, y el de Violencia corresponde a la guerra civil que siguió (1948-1956).

El 10 de abril, el presidente Ospina Pérez hizo un llamado a los líderes liberales para ayudar a restablecer el orden y formar un nuevo gobierno de unidad nacional. Pero el bogotazo fue el punto de partida de un período excepcional de violencia, que se agravó aún más después de la campaña electoral particularmente agitada de junio de 1949. La oposición liberal, que ganó y dispone de la mayoría en el Congreso, exige que el Senado emita una acusación contra el presidente Ospina Pérez. Este último disuelve las cámaras y proclama el estado de sitio. Habiendo decidido los liberales boicotear las elecciones presidenciales de 1950, el candidato conservador Dr. Laureano Gómez fue elegido por abrumadora mayoría. Las disensiones dentro de los partidos tradicionales cuyos líderes discrepan sobre la táctica a adoptar (los liberales, en particular, vacilan entre la cooperación con el gobierno y la oposición total), el fortalecimiento del Partido Comunista que dice poder contar con 25 000 activistas y se identifica con el movimiento “gaitanista”, el método adoptado por el presidente Laureano Gómez, quien delega sus poderes, por razones de salud, en la doctora Urdaneta Arbeláez, son factores que favorecen el surgimiento de la violencia.

Los grandes terratenientes organizan milicias armadas, la Iglesia es reprendida, miles de campesinos son asesinados, bandas armadas que dicen ser liberales o conservadoras, o que escapan a cualquier control, chocan en las provincias. En septiembre de 1952, los alborotadores saquearon en la capital los periódicos del Partido Liberal, así como las casas de dos de los principales dirigentes, Alfonso López y Carlos Lleras Restrepo, que se refugiaron en una embajada.

La desorganización provocada por la dictadura de facto de Laureano Gómez es tal que el golpe de Estado liderado por el general Rojas Pinilla, comandante en jefe del ejército, es recibido con satisfacción por gran parte de la ciudadanía. El golpe de Estado del 13 de junio de 1953, sin embargo, marcó la intervención directa de las fuerzas armadas en la vida pública. El general Rojas Pinilla promete el fin de la Violencia, que ha dejado cerca de 300.000 muertos en cinco años, y ofrece amnistía a la guerrilla.

El nuevo presidente logra efectivamente en pocos meses una relativa operación de pacificación. Los bandoleros deponen las armas. Vuelven los emigrados. La administración central recupera el control de las regiones que se habían vuelto autónomas de facto. La guerra civil prácticamente ha terminado, a pesar de la desgana de algunos líderes liberales decepcionados, y del malestar, especialmente entre el bajo clero, por parte de los partidarios de Laureano Gómez. Pero la violencia continúa.

Al menos la mitad de la guerrilla de 1952 sigue en armas. Las áreas rurales, especialmente en Tolima, están controladas por líderes campesinos, organizados en autodefensa por consejo de líderes comunistas. Continúan los abusos de los propietarios y el ajuste de cuentas. El nombramiento por el gobierno de Rojas Pinilla de un militar, el coronel Agudelo, al frente de la Universidad en 1954, es el primer signo de endurecimiento del régimen y de la marcha hacia el cesarismo. El general crea un partido “cristiano y bolivariano”, que quiere ser “tercera fuerza”. Anima a su hija, Marie-Eugénie, a imitar el ejemplo de Eva Perón en Argentina. Gobierna por decreto y suspende el Congreso. A partir de 1956, logró la unanimidad en su contra de los principales líderes liberales y conservadores. Este último esbozó un Frente Nacional, que llegó al poder en 1957, después de que los jefes del ejército pidieran al general Rojas Pinilla que tomara el camino del exilio en España.

Colombia después de la violencia

Desde la caída del dictador Gustavo Rojas Pinilla, ni el Estado ni la sociedad, fuertemente desestabilizados por la guerra civil de mediados del siglo XX, han logrado restablecer un orden duradero en torno a valores compartidos. Esta observación se basa, por un lado, en la rapidez y brutalidad de los cambios sociales, el paso del país de una economía rural tradicional a una sociedad urbanizada, orientada a actividades terciarias, y, por otro lado, en la debilidad de las instituciones públicas. para cumplir con sus tareas soberanas y sus funciones redistributivas. Paramilitares, autodefensas, guerrillas, “narcos” y delincuentes comunes comenzaron a florecer en la década de 1970 para librar, hoy, una verdadera guerra contra la sociedad colombiana.

El Frente Nacional, una solución política a la Violencia

El acuerdo firmado el 24 de julio de 1956, en Benidorm (España), entre liberales y conservadores para poner fin al conflicto partisano de la Violencia resultó paradójico. De hecho, el restablecimiento del estado de derecho se produjo a costa de un compromiso que negaba la soberanía popular. Se acordó que un presidente conservador sucedería a un presidente liberal durante cuatro mandatos (1958-1974). Los dos partidos simplemente tenían que ponerse de acuerdo sobre la persona “designada”, siendo el único candidato que luego sería presentado al voto del pueblo, que no tendría más remedio que aceptar el hecho consumado. Cada partido controlaría, además, la mitad de los puestos en las administraciones públicas, y cada gobierno incluiría miembros de los dos campos. Este sistema, denominado Frente Nacional (FN), inauguró un largo período de cogestión partidista tras años de guerra civil entre liberales y conservadores.

Agotada por la guerra, la población aceptó este compromiso con una abrumadora mayoría (95,2%) durante el referéndum del 1 de diciembre de 1957. A pesar de las previsiones pesimistas, funcionó el principio de alternancia: a los liberales Alberto Lleras Camargo (1958-1962 ) y Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) sucedieron respectivamente los conservadores Guillermo León Valencia (1962-1966) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974). El éxito temporal de esta “democracia restringida” (expresión del sociólogo Daniel Pécaut) fue garantizar una paz relativa en el país. A mediados de la década de 1960, las dinámicas de la Violencia se extinguían. El FN operó, en este sentido, una síntesis de los valores de la República liberal (1930-1946) y los del orden conservador (1948-1956) promoviendo la despolitización de la sociedad. La promoción de un gobierno de tecnócratas debió neutralizar las pasiones políticas, pero fue sobre todo la modernización urbana e industrial del país lo que permitió cuestionar las tradiciones marcadas por el autoritarismo y la intolerancia.

Del mundo agrario al predominantemente urbano

El FN reforzó un tipo de autoridad basada en el clientelismo y la cooptación clientelista de los sectores populares. Estas redes de poder, muchas veces basadas en lazos familiares, organizaron el ámbito económico, particularmente dentro de las corporaciones patronales (Asociación Nacional de Gerentes de Empresas de Colombia, Asociación de Asociaciones Bancarias y Financieras de Colombia, etc.). Al mismo tiempo, el desarrollo de la administración permitió la lenta modernización del poder público, aunque en gran medida instrumentalizado por los clanes, que acompañó el progreso de la economía.

La economía se mantuvo basada en la agricultura, y en particular en la producción de café, que todavía representaba el 60% de las exportaciones a principios de la década de 1970 (93% en la segunda mitad de la década de 1950). Las regiones centrales del eje cafetero, que van de Antioquia al Valle del Cauca (de centro-oeste a suroeste), racionalizaron el cultivo del grano bajo la égida de Colcafé (Industria colombiana de café), mientras que Fedecafe (Federación Nacional de Cafeteros de Colombia), una asociación sin fines de lucro para el desarrollo del cultivo del café, coordinó la política cafetera en el país y reguló el mercado, asegurando a los agricultores un precio de compra garantizado. Durante la década de 1950, la mecanización, el uso de semillas mejoradas y fertilizantes industriales permitieron desarrollar otras producciones, en particular arroz en las regiones de Huila y Tolima (centro del país); caña de azúcar en el Valle del Cauca; flores en la meseta de Bogotá; o el banano cultivado en Santa Marta (Magdalena) y en la región del Golfo de Urabá (cerca de Panamá).

La modernización fue a menudo obra de jóvenes emprendedores que aparecieron en el convulso contexto de la Violencia. Al igual que las grandes firmas internacionales presentes en el país (United Fruit Company en particular), buscaban insertar nuevos sectores de la agricultura en el comercio mundial. Pero estos éxitos dejaron de lado los márgenes territoriales bajo control de la guerrilla (Caquetá, Meta, Magdalena, entre otros). Al mismo tiempo, la producción agrícola quedó bajo el control de los medios y de los grandes terratenientes, en detrimento de los pequeños productores. El problema de la distribución muy desigual de la tierra (1,4% de los propietarios poseen el 45%) emergió entonces en el debate público, bajo la presidencia del liberal Alberto Lleras Camargo. Luego de un primer intento en 1946, en 1961 se creó un Instituto Nacional de Reforma Agraria (INCORA). Este tenía como objetivo distribuir tierras baldías o en barbecho en latifundios. Pero, tocando demasiados intereses, la reforma se ralentizó bajo la presidencia del conservador León Valencia. Desde su creación, INCORA ha redistribuido solo un millón y medio de hectáreas, sin solucionar los graves problemas agrarios del país.

El aumento de la productividad agrícola y la violencia endémica en determinadas regiones como el Tolima provocaron un éxodo rural masivo. Los habitantes del campo, arruinados y despojados, encontraron protección y miseria en los barrios marginales de la capital y las ciudades que se desarrollaron con mayor rapidez a medida que la población del país aumentó a un ritmo explosivo (3% anual). El número total de habitantes aumentó de 12 millones en 1950 a 21,3 millones en 1970, y luego a 27 millones diez años después. En una generación, la población, predominantemente rural (57,3% en 1950), se volvió urbana (67% en 1980). El crecimiento demográfico benefició sobre todo a las cuatro grandes metrópolis (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla), cuya población flotante, es decir la de los barrios marginales, logró negociar la institucionalización de los nuevos distritos, en particular a través de las Juntas de Acción Municipal (JAC, organizaciones cívicas, sociales y comunitarias reconocidas por el Estado). El relativo declive de la sociedad rural, la urbanización y la industrialización permitió el afianzamiento de una población trabajadora y de clases medias en las ciudades, y favoreció el surgimiento de nuevos sindicatos, más independientes de los dos grandes partidos que los sindicatos obreros. Al mismo tiempo, creció la legislación laboral. A pesar del surgimiento de una clase media urbana, compuesta por trabajadores informales, viejas familias aristocráticas en declive y de beneficiarios del boom económico de las décadas de 1960 y 1970, persistieron profundas desigualdades sociales. El crecimiento urbano erosionó los lazos sociopolíticos tradicionales, personalizados y jerárquicos. La disminución del analfabetismo y la secularización de la vida social aceleraron este cambio cultural.

Entre 1950 y 1975, las transformaciones sociales se dieron en el contexto de un crecimiento económico sostenido, a una tasa anual del 5%, estimulado por el desarrollo industrial. La producción manufacturera se multiplicó por siete entre 1944 y 1974. Los gobiernos del FN fomentaron el desarrollo industrial -a través del modelo de industrialización por sustitución de importaciones- aplicando con flexibilidad las recomendaciones intervencionistas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina, dependiente de la ONU).

Sin embargo, a pesar de la adopción de planes cuatrienal a partir de 1971 y de algunos intentos voluntaristas aislados, el Estado nunca abandonó la política de laissez-faire adoptada desde la crisis de los años 30. Esto no impidió el aumento de la participación del sector público en la riqueza nacional, particularmente a través de los servicios (agua potable, energía, teléfono, ferrocarril, puertos). En materia monetaria, los gobiernos del FN siguieron una política ortodoxa, bajo la égida del Banco de la República y bajo la presión de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, a partir de la década de los sesenta, Estados Unidos desempeñó un papel de liderazgo en la inversión productiva, especialmente en el marco de la Alianza para el Progreso (iniciativa de cooperación económica interamericana establecida en 1961), en la que Colombia se convirtió en el escaparate de América del Sur. La negativa de los gobiernos posteriores a endeudarse y aumentar el déficit público amortiguó la crisis de los años ochenta.

Del “desmantelamiento” del FN al asalto al estado

El año 1974 marca el final del FN, con la organización de las primeras elecciones competitivas desde la Violencia y la victoria del liberal Alfonso López Michelsen. Pero el FN dejó como legado la cogestión partidista, impidiendo el surgimiento de una oposición democrática. El partido liberal dominó la vida política: de 1974 a 2006, solo dos conservadores llegaron a la presidencia, Belisario Betancur en 1982 y Andrés Pastrana en 1998. Para influir en el panorama electoral, el partido conservador recuperó el centro y, al mismo tiempo, se convirtió en un partido oportunista, que buscaba reunir a los votantes que flotaban en torno a ideas unificadoras como la paz negociada con la guerrilla. Además, las corrientes liberales dominantes debían compartir el poder con nuevos políticos de las clases medias provinciales, sin que esta apertura política borrara los cimientos antidemocráticos del régimen. Privado de legitimidad, el estado bipartidista tuvo que enfrentar los grandes desafíos de la década de 1980: el desarrollo del narcotráfico y la guerrilla.

Fue durante la Violencia cuando se formaron los primeros disidentes liberales y las primeras autodefensas campesinas, para escapar de la represión conservadora. Durante la década de 1950, estos se organizaron en pequeñas repúblicas independientes en el centro y sur de la Cordillera Oriental (el páramo de Sumapaz, Tolima y Huila). De hecho, el Partido Comunista, creado en 1930 en la estela del Partido Socialista, había definido desde el principio una política de autodefensa campesina. Organizó a productores de café de las regiones de Cunday, Villarrica e Iconenzo en Tolima, particularmente afectados durante la Violencia (masacre en 1952, ofensiva militar en 1955). Los campesinos tuvieron que huir hacia los Llanos del Meta y por los ríos Ariari y Guayabero, donde formaron las autodefensas conocidas, desde 1964, como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Estos supervivientes de la violencia evolucionaron hacia la ideología marxista bajo el liderazgo de un exguerrillero liberal, Manuel Marulanda Vélez, en el contexto de la guerra fría, tras la revolución cubana de 1959 y ante los fracasos de numerosas amnistías gubernamentales. La primera amnistía fue decretada en 1953 por el presidente Rojas Pinilla, que condujo en particular a la desmovilización de las guerrillas liberales en los Llanos. Pero los asesinatos perpetrados contra estos combatientes desmovilizados erosionaron la credibilidad de los indultos oficiales que fueron recibidos con creciente sospecha.

Esta situación favoreció la aparición de otras guerrillas que, a diferencia de las FARC, no estaban vinculadas a la historia de las guerras bipartidistas colombianas. En 1962, un grupo de estudiantes castristas fundaron el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Muchos miembros del ELN provenían de las clases medias educadas de las ciudades, influenciados por la teología de la liberación. Pero la estrategia de Guevara (basada en el centro insurreccional creando las condiciones para la lucha revolucionaria) no tuvo el éxito esperado y la guerrilla se estancó durante veinte años.

El Ejército Popular de Liberación (EPL), de tinte maoista, fue creado en 1967. Logró establecerse en el norte del país, entre los trabajadores de las plantaciones bananeras de Urabá, hasta su desmovilización en 1991, en el marco de una amnistía gubernamental. Otros grupos también optaron por la lucha armada: el Partido Revolucionario Obrero, trotskista, el movimiento armado Quintín Lame, los indígenas, el Movimiento 19 de Abril (M-19). Este último fue inicialmente una rama de la Alianza Nacional Popular (Anapo), el partido del ex dictador Gustavo Rojas Pinilla, y tuvo como objetivo la reforma social y la construcción del Estado en un estilo autoritario y populista, antes de moverse hacia la izquierda.

El resurgimiento de estos grupos armados ocurrió a fines de la década de 1970, bajo la influencia de la revolución sandinista de 1979 en Nicaragua. La represión de la administración liberal de Julio César Turbay (1978-1982) endureció el conflicto con la guerrilla que se extendió a nuevas regiones. La política de paz que seguía entonces el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) fracasó ante la intransigencia del M-19, que ocupó el Palacio de Justicia de Bogotá en noviembre de 1985. El ejército tomó por asaltó el edificio, en una acción que cobró un centenar de vidas, incluyendo la mitad de los jueces constitucionales y muchos Consejeros de Estado.

Tras una contundente victoria (58,3% de los votos en la segunda vuelta), en las elecciones presidenciales, el liberal Virgilio Barco (1986-1990) logró abandonar la última regla impuesta por el FN al reparto bipartidista de las carteras ministeriales. Su presidencia fue una especie de interregno, marcado por la liberalización de la economía bajo la égida del FMI, por la erosión del sistema político y el catastrófico debilitamiento del Estado. La compartimentación del relieve, el aislamiento de vastas regiones forestales, la dificultad del transporte terrestre, y la existencia de una cultura de contrabando desde la época colonial también facilitaron el desarrollo del narcotráfico.

Pero la impotencia del Estado en sus funciones soberanas sigue siendo la principal razón de la prosperidad de los cárteles y, en particular, del fracaso del sistema judicial: una encuesta oficial de 1992 estimó que el 97% de los delitos graves (asesinatos cometidos, en su mayor parte, por delincuencia común) habían quedado impunes. Pero sobre todo, la pérdida del control del territorio nacional por parte del Estado, ligada al auge de la guerrilla, favoreció el desarrollo de bandas criminales y de tráfico que, a su vez, debilitó a las autoridades.

La producción y comercialización de narcóticos comenzó a principios de la década de 1970 con la marihuana cultivada en la costa del Caribe (marimba). El éxito del cannabis de Santa Marta fue sucedido por el triunfo de la cocaína, cuyos traficantes en Colombia lograron controlar la comercialización a escala internacional. Luego, la heroína se agregó a la lista a fines de la década de 1980. A diferencia del cannabis, la hoja de coca se cultivó por primera vez fuera de las fronteras, en Bolivia y Perú, hasta mediados de la década de 1980. El narcotráfico colombiano controlaba la refinación, la exportación y la comercialización a los mercados de consumo (Estados Unidos, Europa). Pero con una mayor vigilancia del transporte aéreo, el cultivo de coca se desarrolló en Colombia en la década de 1990. Al mismo tiempo, los narcotraficantes formaron organizaciones federativas o “cárteles”, los más famosos de los cuales fueron los de Medellín, patrocinados por Pablo Escobar (hasta su muerte en 1993), y de Cali, conducido por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela (hasta su detención en 1995).

Hasta fines de la década de 1970, la guerrilla se había negado a participar en el tráfico, pero el desarrollo del cultivo local de coca tuvo lugar en sus territorios. Comenzaron por tolerar y luego terminaron controlando las plantaciones, imponiendo un impuesto revolucionario en el proceso. Esta situación dio lugar a enfrentamientos con los narcotraficantes (apodados los “capitalistas parias” en Colombia), quienes financiaron las primeras organizaciones paramilitares, como “Muerte a los secuestradores” (MAS), que surgió en 1981 y se estableció en varias regiones del país.

Los cárteles se transformaron en actores sociopolíticos, en busca de un papel que desempeñar en el escenario político nacional. Esta participación se orientó, bajo la influencia de Pablo Escobar, hacia un ataque frontal contra el Estado. En 1984, hizo asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, para obligar al gobierno a derogar las leyes de extradición a Estados Unidos. Al mismo tiempo, los narcotraficantes se apoderaron de la vida pública, como el “padrino” Carlos Lehder, fundador del Movimiento Latino Nacional, un partido neofascista. Sobre todo, los actos de terrorismo contra la población (bombas en centros comerciales, ataques indiscriminados, etc.) se multiplicaron con la proximidad de las elecciones de 1990. El asesinato, en 1989, del candidato presidencial Luis Carlos Galán, enemigo del narcotráfico y portador de inmensas esperanzas, así como la de otros dos candidatos, marcó un punto de no retorno.

Rómulo Betancourt, padre de la democracia en Colombia

Rómulo Betancourt, “Padre de la Democracia”